El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, dejó bien en claro su postura luego de que se conocieran los resultados del nuevo examen de ingreso a las residencias médicas tras el bochorno por las sospechas en la primera prueba.

“Los resultados son más que claros: ninguno de los médicos que debían revalidar la nota obtenida en el examen de ingreso a residencias pudieron hacerlo. De los 141 convocados a rendir nuevamente, 117 obtuvieron notas mucho más bajas y 24 aspirantes, directamente, ni se presentaron”, expresó.

Varias personas sentadas alrededor de una mesa ovalada de madera en una sala de reuniones mientras conversan
Mario Lugones, ministro de Salud, con médicos que rindieron el examen de residencias.100 | La Derecha Diario

Según Lugones, gracias a esta medida se logró evitar que “141 personas —133 de ellas extranjeras— ocupen lugares privilegiados en la orden de mérito que no les correspondía”. 

“En medicina, el ingreso se gana con conocimiento y esfuerzo. Detrás de cada guardia, diagnóstico y urgencia, hay vidas en juego. Por eso cuidamos que quienes ingresen al sistema estén preparados de verdad”, agregó.

Un gran grupo de estudiantes concentrados escribiendo bajo un letrero verde que dice MEDICINA

Por último, el funcionario destacó: “La salud pública se construye con confianza, y esa confianza empieza por proteger a los pacientes de la improvisación y del fraude”.

El Gobierno evalúa deportar a los extranjeros que hicieron fraude en el examen

El Gobierno de Javier Milei está analizando la posibilidad de deportar a 133 extranjeros, 109 que no convalidaron la nota y 24 que no se presentaron, que ingresaron al país bajo la condición de turistas para rendir el Examen Único de Residencias Médicas, pero que no declararon correctamente el motivo de su visita, sumado a las irregularidades y fraudes detectados en el examen, según reveló el medio A24.

Hombre con gafas y gorro colorido de lana con adornos blancos hablando en un programa de televisión

La situación se complicó cuando se hizo pública la denuncia contra Adrián Alejandro David Castillo, un inmigrante ecuatoriano implicado en la filmación ilegal del examen.

Según la investigación oficial, Castillo “leía el examen, lo filmaba, iba al baño, lo transmitía, le pasaban las respuestas y después las repartía”.

Este hecho llevó a la judicialización del caso, que actualmente está bajo análisis del juez federal Juan Ercolini, quien investiga la presunta defraudación al Estado.