Con un título asquerosamente progresista, el gobierno frenteamplista impulsa una pedagogía identitaria que amenaza con destruir los pilares fundamentales de la enseñanza tradicional.
Los días 21 y 22 de julio, Montevideo fue escenario del Primer Encuentro Regional de Etnoeducación Afrocentrada, respaldado por el Ministerio de Educación y Cultura, la Universidad de la República, el MIDES, el CODICEN y la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia y diversos colectivos “afro”.
Se desplegó un auténtico laboratorio de ingeniería ideológica: la imposición de un modelo educativo “descolonizador” y “afrocentrado” que atenta directamente contra los valores de la educación clásica, universal y meritocrática.
La reunión, promovida por agrupaciones como el Colectivo de Estudios Afrolatinoamericanos, Agrupación Xangó y Mizangas, contó además con el apoyo de redes internacionales como el Black & Indigenous Liberation Movement.
El evento funcionó como una plataforma para redefinir el sistema educativo desde la lógica del resentimiento racial. Una educación no basada en el mérito ni en el conocimiento objetivo, sino en la categoría identitaria del sujeto: qué grupo étnico integra, cómo se autopercibe, a qué “estructura de opresión” dice pertenecer.
Una mesa de diálogo para dinamitar la ley
La Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, dirigida hoy por una persona trans, instaló una mesa para cuestionar la Ley N.º 17.817 contra el racismo. El argumento: a 20 años de su aprobación, la norma ya no alcanza. ¿Por qué? Porque no censura lo suficiente.
El secretario, Collette Spinetti, fue claro: “La ley no contempla los discursos de odio en redes sociales”. A través del discurso de la “prevención”, se pretende criminalizar opiniones y restringir libertades fundamentales, amparándose en un derecho positivo que se expande a medida que reduce la libertad del otro.
La Universidad Pública como aparato ideológico
Desde 2023, la Universidad de la República se ha declarado “antirracista”, renunciando a su vocación de universalidad para abrazar una causa particular: la etnopolítica como eje de su modelo institucional.
La presidente del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario de la Udelar, Mercedes Pérez, anunció que se prevé incorporar en la Ley Presupuestal una “ventanilla de atención específica para personas afrodescendientes”, una iniciativa absolutamente discriminatoria.
La universidad que debería formar profesionales libres, canaliza recursos, personal y estructuras enteras hacia un modelo de discriminación, con becas específicas, unidades de atención diferenciada y toda una burocracia construida en torno a la variable “étnico-racial”.
La igualdad ante la ley está siendo desplazada por un sistema de privilegios colectivos donde el relativismo identitario es más importante que el mérito o la conducta.
Ennegrecer la educación
Sin pudor, el director de UTU Florida, Claudio Silva, sentenció: “Hay que conflictuar sobre las identidades” y “ennegrecer los programas”. Karina González, directora del Programa de Educación Media de UTU, manifestó: “Hay que derribar el asumir la identidad del otro”.
Colette Spinetti agregó: “Nos enseñaron la historia desde una mirada eurocentrista, blanca. Hay que trabajar la educación desde otro lugar”.
En Uruguay ya no se educa para pensar, sino para militar. La formación en ciencia, matemáticas o historia universal ha sido relegada: ahora la prioridad es “conflictualizar” a los estudiantes.
La etnoeducación afrocentrada sustituye el compromiso con la verdad histórica por una construcción discursiva atravesada por filtros étnicos y categorías ideológicas. No importa lo que realmente pasó, sino cómo debería haberse contado según el guion de una narrativa identitaria, victimista y anticolonial. Todo esto, como siempre, financiado con fondos públicos.
El proyecto Woke del Frente Amplio
En las bases programáticas 2025–2030 el Frente Amplio plasmó la institucionalización de esta agenda distópica: enfoque étnico-racial en todas las políticas públicas, educación que visibilice historia afro, acciones afirmativas y sistema robusto de datos étnico-raciales.
Este nuevo gobierno progresista, con una persona trans al frente de la Secretaría de Derechos Humanos, consolidará la imposición de la agenda woke, disfrazada de “garantías de derechos”.
La ley contra el racismo está siendo reinterpretada como un instrumento de control ideológico. Lo que antes protegía libertades, ahora las restringe bajo la bandera de la justicia social.
La élite burocrática y académica uruguaya avanza sin oposición hacia un modelo educativo dogmático, racializado y profundamente antiliberal.
