El Congreso de los Diputados avanzará este martes en la aprobación definitiva de una reforma de su Reglamento interno que contempla la adopción del lenguaje inclusivo en todo su articulado, así como el cambio de la denominación oficial de la Cámara, que pasará a ser llamada simplemente “Congreso”.
La iniciativa fue impulsada por los grupos parlamentarios del PSOE y Sumar, y ya fue avalada en comisión con el rechazo del PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), que cuestionan tanto su pertinencia como su claridad.
Según lo estipulado, el objetivo central de la reforma es eliminar el uso del masculino genérico en los textos oficiales del reglamento y sustituirlo por fórmulas inclusivas que desdoblen los términos en género masculino y femenino, como por ejemplo “los diputados y diputadas”.

Esta modificación también alcanza al nombre institucional de la Cámara, que dejará de llamarse “Congreso de los Diputados”, al considerarse que la actual denominación invisibiliza a las mujeres parlamentarias.
En este sentido, la solución adoptada por los impulsores de la reforma fue eliminar directamente la mención al género, dejando la denominación oficial reducida a “Congreso”.
Durante el debate en comisión, el pasado jueves, PP, Vox y UPN votaron en contra del dictamen aprobado por la ponencia. Las tres formaciones sostuvieron que la nueva redacción resulta innecesaria, equívoca y que podría generar confusión en la interpretación normativa.
Además, señalaron que la modificación responde a una agenda ideológica y no a una necesidad real del funcionamiento legislativo. Desde el PP, se calificó el cambio como “farragoso”. La reforma será votada en el pleno del martes, el último del actual período de sesiones, y, de mantenerse la correlación de fuerzas expresada en comisión, se aprobará sin dificultades.

Además del cambio en el uso del lenguaje, el pleno también tratará otras dos reformas del Reglamento. Por un lado, se modificará el artículo 82 para ampliar los supuestos de utilización del voto telemático por parte de los diputados, que ahora podrán hacerlo también ante el fallecimiento de un familiar o por necesidades de cuidados.
Por otro, se incorporará un nuevo Consejo Consultivo encargado de regular el régimen de acreditación de la prensa parlamentaria, con la facultad de sancionar o retirar credenciales a periodistas que incumplan las normas establecidas, como las relativas al respeto, la no grabación en zonas restringidas o el orden en las ruedas de prensa.
La reforma del Reglamento responde a una agenda simbólica impulsada por sectores ideológicos que priorizan lo discursivo sobre lo funcional. El cambio de denominación y la adopción del lenguaje inclusivo no resuelven problemas legislativos ni mejoran la representatividad.
Se trata de una política identitaria con escaso impacto real y alto valor propagandístico. El Congreso queda subordinado a una lógica cultural que privilegia la corrección formal antes que la eficiencia institucional.