El próximo miércoles 2 de julio se conocerá el veredicto en un caso de estafas que sacudió al ámbito financiero cordobés. La investigación apunta a una organización que habría generado consumos fraudulentos con tarjetas obtenidas de forma irregular. El monto total del perjuicio económico denunciado supera los 33 millones de pesos.
La causa involucra a 22 acusados que habrían actuado como parte de una asociación ilícita estructurada para cometer estafas sistemáticas. El expediente describe maniobras como la emisión de tarjetas con datos falsos y compras en locales sin actividad real. Entre los afectados se encuentran particulares y figuras públicas, como el intendente Daniel Passerini.
En 2021, Passerini denunció haber sido víctima tras recibir una intimación por una deuda de una tarjeta que jamás había solicitado ni utilizado. Según indicó, el documento presentaba su nombre y DNI, pero no coincidía ni la dirección ni la fotografía del supuesto titular. “Lo que menos quería era figurar como moroso por una deuda que no contraje”, declaró.
Red de vínculos y tareas compartidas
Entre los imputados aparecen empleados que habrían actuado desde dentro de la empresa emisora para facilitar datos y acceso a tarjetas. Se les atribuye haber aportado claves, fotos y domicilios falsos para que terceros generaran consumos en locales simulados. También está acusado un cartero que habría entregado tarjetas a personas no autorizadas.
La nómina de involucrados incluye a personas vinculadas por lazos familiares, laborales o afectivos con los principales organizadores. Entre ellos figuran exempleados de la firma afectada, parejas, hermanos y conocidos que habrían colaborado en distintas instancias de la maniobra. En algunos casos, incluso aportaron domicilios o cuentas para desviar los fondos.
Los tres principales acusados fueron identificados como jefes de la banda y enfrentan cargos por asociación ilícita y uso de tarjetas fraudulentas. Además, se les imputa la falsificación reiterada de documentos equiparables a moneda, lo que agrava su situación procesal. Uno de ellos no aceptó acuerdo y será el único que enfrentará sentencia plena sin abreviado.
Acuerdos, pagos y penas propuestas
Durante el proceso, el fiscal de cámara Gustavo Arocena gestionó acuerdos abreviados con la mayoría de los imputados. Varios ofrecieron resarcimientos millonarios como parte del entendimiento, incluyendo pagos de 1,5 y hasta 12 millones de pesos. Solo dos personas, entre ellas uno de los jefes, no accedieron a esa vía procesal.
Las penas solicitadas oscilan entre los tres y los ocho años y medio de prisión, según el grado de participación de cada imputado. A los principales organizadores se les pidieron condenas de entre cinco y ocho años, además de multas económicas y decomiso de bienes. El resto enfrenta penas menores, algunas de cumplimiento efectivo y otras en suspenso.
El próximo miércoles, el vocal Mario Centeno tendrá a su cargo la lectura del fallo en la Cámara 10ª del Crimen de Córdoba. Ese día también se escuchará la última palabra de los imputados que no accedieron a acuerdos de juicio abreviado. Se prevé que el veredicto cierre un expediente complejo y extenso, tramitado desde hace varios años.
