La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su política migratoria con una nueva directriz del Departamento de Justicia (DOJ) que amplía los esfuerzos para revocar la ciudadanía estadounidense a personas naturalizadas, que estén acusadas por ciertos delitos graves.
Un memorando interno fechado el 11 de junio, firmado por el fiscal adjunto Brett A. Shumate, establece que la división civil del DOJ deberá ”priorizar y perseguir al máximo los procesos de desnacionalización en todos los casos permitidos por la ley y respaldados por pruebas”.
La medida busca retirar la ciudadanía a personas que hayan cometido fraude durante el proceso de naturalización o que representen una amenaza para la seguridad nacional.
En particular, el memorando menciona como objetivos a individuos vinculados con terrorismo, espionaje, pandillas criminales, trata de personas, delitos sexuales, violencia, o fraude contra programas del gobierno como Medicare o Medicaid. También incluye a personas implicadas en crímenes de guerra, asesinatos extrajudiciales y violaciones graves a los derechos humanos.
El memorando establece que incluso los ciudadanos naturalizados con causas penales pendientes podrían ser objeto de deportación antes de que se resuelva su situación judicial.
Un caso citado es el de Elliott Duke, un veterano del ejército estadounidense nacido en el Reino Unido, cuya ciudadanía fue revocada por un juez federal en Louisiana el 13 de junio. Duke había sido condenado en 2014 por distribuir material de abuso sexual infantil, delito que no reveló durante su proceso de naturalización.
Este caso ilustra cómo el DOJ está aplicando con fuerza esta nueva política y el elevado grado de compromiso que muestra para llevar un mejor estándar de vida y más seguridad a la ciudadanía estadounidense.
El memorando forma parte de cinco prioridades establecidas por el DOJ bajo las órdenes ejecutivas de Trump, emitidas al inicio de su mandato. Estas incluyen, además de la desnacionalización, medidas contra la atención médica de afirmación de género, demandas contra empresas federales por programas de diversidad e inclusión, la lucha contra el antisemitismo y el fin de las ”jurisdicciones santuario”.
Desde la década de 1950, la práctica de revocar la ciudadanía estadounidense había disminuido considerablemente, tras varios fallos de la Corte Suprema que restringieron su aplicación.
Sin embargo, el número de casos aumentó bajo el mandato del demócrata Barack Obama en el contexto de investigaciones por fraude migratorio vinculado al terrorismo. Según el Migration Policy Institute, en 2023 había alrededor de 25 millones de ciudadanos naturalizados en Estados Unidos, y más del 40% se naturalizó después de 2010.
Aunque no se ha fijado una cuota ni un calendario para la implementación de estos procedimientos, la directiva representa un nuevo giro en la política migratoria estadounidense, ampliando el espectro de personas vulnerables a la pérdida de ciudadanía y deportación.
