La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició el 16 de junio de 2025 una investigación sobre jueces y fiscales que habrían liberado a sospechosos de delitos graves. El detonante fue la polémica excarcelación de presuntos secuestradores de una comerciante en Guayaquil. El ministro del Interior, John Reimberg, compareció en Quito y denunció la existencia de una “puerta giratoria” judicial que permite la liberación de individuos acusados de asesinato, extorsión y secuestro. El funcionario ironizó que los imputados son liberados por “presentar un recibo de agua”.
Reimberg reveló que más de 270 personas enfrentan arresto domiciliario dictado por jueces, lo que obliga a la Policía Nacional a asignar 800 agentes para vigilar a los implicados, incluso en zonas de alto riesgo. “No veo inconveniente en mostrar el rostro de quienes liberan a delincuentes”, declaró, pidiendo transparencia en la judicatura. El Ministerio del Interior solicitó los nombres de fiscales y jueces involucrados en estas decisiones al Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado. El objetivo es que los funcionarios responsables respondan públicamente por sus resoluciones.
La propuesta de Reimberg desató debate, pero recibió respaldo entre sectores que exigen responsabilidad y ética en el sistema judicial. El ministro insistió en que si estos jueces consideran correctas sus decisiones, deben estar dispuestos a “dar la cara” por ellas. Las críticas también apuntan a la legislación vigente, que permite maniobras procesales para dilatar sanciones. La falta de celeridad en los procesos disciplinarios agrava la impunidad.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez (ADN), anunció que se citará al ministro de Defensa y a altos funcionarios del sistema judicial y de control. El propósito es emitir un informe integral y plantear reformas a la Ley de la Función Judicial.
Álvarez explicó que, si se comprueba que jueces liberaron a sospechosos sin sanción en la Judicatura, la comisión presentará quejas formales. En caso de procesos ya iniciados, se evaluará la necesidad de cambiar la ley para evitar que los casos prescriban o se desestimen injustificadamente.
Actualmente, jueces y fiscales tienen hasta un año y medio para ser sancionados por faltas disciplinarias. Álvarez considera urgente acelerar estos plazos y cerrar los vacíos normativos que permiten decisiones perjudiciales para la seguridad pública. La Asamblea busca ahora un consenso legislativo para aprobar cambios que restauren la confianza ciudadana en la justicia, y evitar que el crimen organizado se beneficie de decisiones judiciales opacas.
El llamado de Reimberg y la respuesta de la Asamblea reflejan una voluntad política para enfrentar las fallas estructurales del sistema judicial. La ciudadanía exige una justicia eficaz y transparente que no se convierta en cómplice del delito. Las reformas en marcha apuntan a frenar los abusos y garantizar que la ley se aplique sin privilegios ni excusas.
