El llamado “Pacto de Unidad”, conformado por organizaciones afines a Evo Morales, anunció el domingo una “pausa humanitaria” en los bloqueos de caminos. La decisión llega después de dos semanas de movilizaciones que dejaron cinco fallecidos, entre ellos cuatro policías.
Pese al anuncio, este lunes se registraron siete puntos de bloqueo activos en Cochabamba. Las vías afectadas conectan el occidente con Santa Cruz y siguen generando perjuicios. La medida no ha logrado restablecer el tránsito normal.
La “pausa” fue comunicada mediante un instructivo firmado en La Paz por dirigentes evistas. En el documento acusan al gobierno de Luis Arce de “represión brutal” contra los delincuentes movilizados.
También denuncian una supuesta “quiebra económica” causada por las actuales políticas socialistas. Aseguran que el país atraviesa una crisis de combustible, alimentos y medicamentos. Por ello exigen una investigación internacional sobre los hechos violentos.
Las organizaciones declararon duelo nacional por los asesinatos de Llallagua y Arque. Acusan al gobierno de haber utilizado armamento letal contra la población movilizada.
A su vez, exigen la liberación de los delincuentes de la CSUTCB y la CSCIOB, detenidos por orden judicial. Advierten que las marchas urbanas y cacerolazos continuarán. Su objetivo declarado es forzar la renuncia de Luis Arce.
Los bloqueos persisten
Mientras el Pacto de Unidad insiste en un discurso de resistencia pacífica, las acciones en carretera no cesan. Según reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), aún hay bloqueos en rutas clave.
Los puntos se ubican en la carretera nueva y antigua entre Cochabamba y Santa Cruz. El tránsito entre ambas regiones sigue paralizado. Los viajeros permanecen varados desde hace días.
Entre los puntos afectados están Villa Tunari, Puente San Pedrito y Puente Lágrimas. En la vía antigua, persisten bloqueos en Colomi, Cruce Pocona, Tutimayu, Vacas y Lope Mendoza.
La terminal de buses en Cochabamba suspendió todas las salidas hacia Santa Cruz. En Santa Cruz ocurre lo mismo con los viajes hacia el occidente. La “pausa humanitaria” no se ha reflejado en hechos concretos.
Rechazo general a la violencia evista
La población afectada por los bloqueos rechaza las movilizaciones evistas. Comerciantes, transportistas y familias denuncian escasez de productos y aumento de precios.
Muchos sectores consideran que las protestas agravan la crisis económica en vez de resolverla. La molestia ciudadana se hace sentir en redes sociales y medios locales. Hay un sentimiento creciente de hartazgo nacional.
Las autoridades nacionales denunciaron también la persistencia de bloqueos pese al anuncio de suspensión. El ministro de Gobierno indicó que no hay voluntad real de diálogo por parte del evismo.
También responsabilizó a los dirigentes movilizados por los hechos de violencia. Señaló que se investigan los atentados y las muertes registradas en días recientes. La situación sigue siendo tensa.
Los asesinos buscan impunidad
El movimiento evista, sin embargo, redobla sus acusaciones contra el Gobierno. Afirman que hay paramilitares infiltrados en las protestas para desprestigiar su lucha. Denunciaron ataques contra sedes sindicales y amenazas a dirigentes sociales.
Culpan a funcionarios públicos de rearticular grupos violentos como la Resistencia Juvenil Cochala. También mencionaron un atentado contra Wilma Alanoca.
La narrativa del Pacto de Unidad está dirigida a internacionalizar el conflicto. Han solicitado una investigación externa e independiente sobre los hechos recientes. Insisten en que su protesta es legítima y pacífica.
No reconocen responsabilidad en las muertes ocurridas durante los bloqueos. Tampoco han dado garantías de que se levantarán todos los puntos de cierre.
En paralelo, el gobierno nacional reitera que está abierto al diálogo. Sin embargo, exige el levantamiento completo de las medidas de presión. Plantea que los bloqueos son ilegales y atentan contra la paz social.
Destaca que la economía nacional se ve fuertemente afectada por estas acciones. Pide a los movilizados que prioricen el bienestar del país.
Las movilizaciones iniciadas hace más de quince días han generado un impacto considerable. El abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles ha disminuido en varias regiones.
El transporte interdepartamental está paralizado en varias rutas clave. Las pérdidas económicas empiezan a acumularse según reportes empresariales. El costo social se mide también en el descontento de la población.
¿El conflicto termino?
En departamentos como Oruro, Potosí y Chuquisaca, los bloqueos han sido levantados. Sin embargo, Cochabamba sigue siendo el epicentro del conflicto. En esa región se concentran los últimos focos de resistencia evista.
El flujo de vehículos continúa interrumpido en al menos siete puntos. Los afectados exigen una solución definitiva y no solo temporal.
Las organizaciones afines a Morales sostienen que sus acciones continuarán de otras formas. Aunque afirman haber ordenado una pausa en los bloqueos, mantienen su llamado a la protesta.
Las marchas en las ciudades y las vigilias seguirán vigentes. También se prevén nuevas medidas si el gobierno no cede a sus demandas. La confrontación parece aún lejos de terminar.
Algunos analistas señalan que esta “pausa humanitaria” podría ser una estrategia para ganar tiempo. La presión social ha crecido tanto en las ciudades como en el campo. Mientras no haya un desmantelamiento total de los bloqueos, el conflicto seguirá activo.
