En un contexto de crecientes advertencias internacionales sobre el uso de tecnología china en infraestructuras sensibles, el Gobierno del socialista Pedro Sánchez optó por mantener su relación con empresas controladas por el Partido Comunista Chino, que han sido señaladas por representar riesgos para la seguridad nacional.
La adjudicación de contratos a compañías como Hikvision y Huawei es interpretada en ámbitos diplomáticos como una señal de acercamiento estratégico hacia el régimen de Beijing, lo cual generó preocupación en Washington.
El foco de la polémica está puesto en la decisión de Pedro Sánchez de implementar decenas de cámaras de vigilancia de la marca Hikvision, una firma prohibida en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y por el Parlamento Europeo.
Estos sistemas de monitoreo fueron instalados en puntos clave, incluyendo el complejo de La Moncloa, residencia oficial del presidente, así como en otras dependencias estatales como el Ministerio del Interior, Renfe, Correos y la Agencia Tributaria.
Según una investigación publicada por el medio EL ESPAÑOL, más de 40 cámaras fabricadas por Hikvision, una empresa con sede en Hangzhou y vinculada al aparato de inteligencia chino, custodian el perímetro de la Presidencia. Estos dispositivos están equipados con tecnología de reconocimiento facial y seguimiento en tiempo real, características que, de acuerdo con informes del Parlamento británico, podrían ser utilizadas con fines de espionaje por parte de la dictadura china.
En 2022, el Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno español llevó adelante una licitación por un monto de 118.580 euros para modernizar el sistema de videovigilancia (CCTV) del complejo de La Moncloa, incorporando tecnología de la firma china Hikvision.
El contrato fue justificado por la necesidad de reemplazar cámaras analógicas y expandir la red de videoseguridad IP, aunque no se hizo referencia a las advertencias internacionales sobre la empresa adjudicataria.
Hikvision y el espionaje chino
Desde hace años, agencias de inteligencia estadounidenses vienen alertando sobre los riesgos que supone el uso de equipamiento tecnológico de origen chino en infraestructuras críticas de países occidentales. En 2019, la administración de la Casa Blanca incluyó a Hikvision en una lista negra comercial, y en 2022 prohibió su importación al considerarla “un riesgo inaceptable de seguridad nacional”.
Hikvision se ha posicionado como uno de los mayores fabricantes globales de cámaras y sistemas de vigilancia. Sin embargo, su expansión vino con acusaciones sobre su participación en violaciones de derechos humanos dentro de China.
Diversos gobiernos han expresado preocupación por el papel de la empresa en las campañas de genocidio contra la comunidad uigur en la región de Xinjiang, donde se habrían utilizado tecnologías de vigilancia avanzada para facilitar arrestos masivos y el monitoreo sistemático de minorías musulmanas.
Como consecuencia de estos señalamientos, el Parlamento Europeo resolvió en 2021 retirar los dispositivos de Hikvision de sus edificios. Australia también prohibió su uso en dependencias estatales. Dinamarca, por su parte, anunció en 2023 que reemplazará estas cámaras luego de que, en 2022, la Dirección de Carreteras invirtiera cinco millones de coronas en la adquisición de 170 unidades de esta marca.
