Axel Kicillof autorizó recientemente una licitación por $10.911.511.380 destinada a la implementación de un nuevo sistema digital para la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), que buscará facilitar y sintetizar el trabajo de los empleados encargados de administrar recursos humanos, en especial el área de liquidación de haberes.
La medida, impulsada junto al titular del organismo, Alberto Sileoni, se inscribe en una estrategia que apunta a “una solución integral y transversal” para ordenar los procesos internos del aparato estatal educativo. El contrato, que prevé una duración anual, equivale a un desembolso mensual de más de $909 millones, es decir, más de $30 millones por día.
Este volumen de gasto, orientado exclusivamente a un área de soporte administrativo, vuelve a poner en foco la creciente expansión de la burocracia estatal y el uso de fondos públicos en estructuras internas, mientras se multiplican los reclamos por deficiencias visibles en servicios esenciales como la educación.
El instrumento en cuestión no reemplaza una carencia: ya existe actualmente un sistema con cobertura provincial que gestiona tareas como la liquidación de sueldos, ausencias, licencias, certificaciones y jubilaciones del personal estatal.
Se trata del Sistema Único Provincial de Administración de Personal (SiAPe), que funciona de manera integrada con el Sistema Único de Novedades y Agentes (SUNA). Ambos instrumentos permiten, desde hace años, centralizar digitalmente los movimientos del personal, y se encuentran vinculados con otras plataformas oficiales para la gestión de datos y trámites del área.
Lejos de optar por la actualización o modernización de estas herramientas ya operativas —algo que, según especialistas, podría realizarse con menor inversión y sin duplicar funciones—, el Ejecutivo bonaerense decidió desarrollar un nuevo sistema desde cero, orientado exclusivamente a “facilitar la tarea” de los empleados de recursos humanos.
En los hechos, se prioriza así un gasto de casi $11.000 millones en fortalecer la dimensión administrativa de la estructura estatal, sin que exista una mejora directa en la prestación del servicio educativo a alumnos o docentes.
Esta elección presupuestaria se da en un contexto crítico para la provincia de Buenos Aires la cual enfrenta deterioros en la mayoría de sus infraestructuras como hospitales y escuelas provinciales.
En mayo, la Escuela N° 42 de Merlo se vio obligada a suspender las clases luego de que una inundación afectara gravemente su infraestructura. Ese mismo mes, en Quilmes, la Escuela Secundaria N° 9 también resultó dañada por tormentas y sufrió saqueos, lo que dejó en evidencia la falta de seguridad y mantenimiento de los edificios.
En junio, padres de otra escuela del mismo distrito denunciaron el derrumbe de parte del techo y expusieron condiciones “indignas”: paredes agrietadas, azulejos rotos, humedad generalizada, problemas sanitarios y falta de higiene básica.
Estos no son casos aislados. Se trata de episodios representativos de una situación más extendida, que afecta a miles de estudiantes bonaerenses y revela una desatención crónica a la infraestructura escolar.
Según estimaciones oficiales, con los casi $11.000 millones que se invertirán en el nuevo sistema de gestión burocrática podrían haberse financiado más de 100 obras de infraestructura escolar de gran escala —como ampliaciones edilicias o construcciones nuevas—, unas 600 mejoras menores (como arreglos eléctricos, impermeabilizaciones o refacciones sanitarias), o incluso la incorporación de tecnología educativa, mediante la compra de miles de tablets para alumnos.
La suma representa el 0,85% del presupuesto educativo total de 2025 (sin contar salarios), el destino que se le da no es irrelevante: expresa una determinada orientación política. En este caso, el énfasis está puesto en facilitar la labor de los trabajadores administrativos del Estado, antes que en garantizar condiciones dignas de estudio para los estudiantes o de trabajo para los docentes.
