La Justicia argentina dio inicio este miércoles 25 de junio al remate de 26 bienes de la corrupta expresidente Cristina Fernández de Kirchner, luego de que se venciera el plazo de 10 días hábiles otorgado a los condenados para reintegrar el dinero robado al Estado en el marco de la causa Vialidad.
Esta medida se produce tras la confirmación de la condena a seis años de prisión contra la expresidente por direccionamiento de obra pública durante sus mandatos.
El Tribunal Oral Federal 2 había ordenado días atrás la actualización del monto a devolver, que podría alcanzar los 500 millones de dólares. Finalizado el informe del Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema, que recalculó el decomiso originalmente fijado en $84.000 millones en 2022, comenzó ahora la etapa de ejecución mediante subasta pública. Se trata de una ofensiva sin precedentes sobre el patrimonio personal y familiar de la condenada expresidente.
Los bienes a subastar
En esta primera fase, ya se publicó el llamado a subasta de algunos de los bienes más emblemáticos: inmuebles en Puerto Madero (entre ellos las unidades y cocheras del complejo Madero Center), departamentos en Recoleta, autos, estancias en Santa Cruz, hoteles en El Calafate, y propiedades registradas a nombre de Los Sauces S.A., la firma inmobiliaria de la familia Kirchner involucrada también en otra causa por presunto lavado de dinero.
También aparece en la lista el departamento donde Cristina Kirchner cumple su prisión domiciliaria y los más de USD 5,6 millones que Florencia Kirchner mantenía en una caja de seguridad, cuya procedencia aún es materia de investigación. A esto se suman dos vehículos de alta gama y varias propiedades transferidas como parte de una herencia anticipada a sus hijos.
La ejecución también avanza sobre el patrimonio del empresario Lázaro Báez, condenado en la misma causa, cuyas propiedades y empresas constructoras (como Austral Construcciones y Gotti SA) están listas para ser liquidadas.
Entre los bienes de Báez se destacan 132 inmuebles en Santa Cruz y 37 en la Ciudad de Buenos Aires, así como estancias históricas como Cruz Aike, Río Olnie y El Rincón, donde en su momento se realizaron excavaciones en busca de dinero enterrado.
El fiscal Diego Luciani, impulsor del caso, recordó que los fondos desviados pudieron haberse destinado a salud, educación o infraestructura, y remarcó que el objetivo de esta etapa es recuperar para el Estado parte del patrimonio ilegalmente acumulado. Con la subasta ya en marcha, la Justicia espera reunir una porción significativa de lo defraudado y sentar un precedente en materia de corrupción estructural.
