Legisladores de Morena pidieron la salida de Ariadna Montiel, a quien llamaron “nefasta” y “corrupta”. Lo que antes se encubría, ahora se dice en voz alta. Desde dentro del propio partido, empiezan a romper el silencio sobre lo que todos sabían:
los cargos públicos usados como herramienta para desviar recursos.
Más de 80 diputados levantaron la voz contra Ariadna Montiel. La acusaron de ocultar información, usar los recursos del Bienestar con fines políticos y cerrar el diálogo con los delegados estatales. El programa social más importante del régimen dejó de ser un símbolo de unidad y se convirtió en el centro de una fractura interna.
La rebelión contra el clientelismo
Montiel fue señalada por operar los padrones como si fueran de su propiedad. Ignoró solicitudes del Congreso y actuó con prepotencia incluso frente a sus propios compañeros de partido. Lo que debía ser un mecanismo transparente de apoyo social terminó convertido en una estructura cerrada, sin control, usada para la manipulación electoral.
Los diputados acusan que no hay forma de saber quién recibe apoyos ni cómo se toman decisiones clave.
Montiel fue señalada por operar los padrones como si fueran patrimonio personal. Ignoró solicitudes del Congreso y actuó con total prepotencia ante los propios morenistas. Lo que debería ser un mecanismo transparente de apoyo social se ha convertido en una estructura cerrada, sin control, utilizada con fines de manipulación electoral.
Unidad rota, intereses a la vista
El episodio no solo exhibe a Ariadna Montiel. También revela que la unidad de Morena es frágil y que los programas sociales, lejos de ser derechos universales, son usados como botín y moneda de presión política.
Cuando ni los diputados oficialistas tienen acceso a la información, es porque el poder ya no responde ni a sus propios aliados. Y si esto ocurre al interior del partido gobernante, la pregunta ya no es quién manda, sino cuánto logran desviar antes de que los descubran.
Porque cuando el control de los padrones, los recursos y las decisiones está en manos de una sola funcionaria, sin contrapesos ni rendición de cuentas.
Una red opaca que reparte beneficios a discreción, castiga la disidencia y convierte el dinero público en herramienta de lealtad. En ese esquema, no hay justicia social, solo administración del sometimiento. Y quienes se atreven a cuestionarlo, lo hacen desde adentro, con miedo y a destiempo.
