Cataluña vuelve a ser epicentro de la polémica tras un nuevo caso de violencia sexual que reaviva el debate sobre la gestión de la inmigración y la protección a los menores tutelados. Los Mossos d’Esquadra detuvieron este martes a un joven marroquí de 23 años acusado de haber violado a una adolescente bajo custodia de la Generalidad durante las Fiestas del Tura en Olot (Gerona).
El ataque tuvo lugar el pasado 6 de septiembre, cerca de la una de la madrugada, en las inmediaciones de la zona de conciertos de las fiestas locales. La víctima, que se encontraba fuera del espacio festivo habilitado, denunció los hechos, lo que dio inicio a una investigación que culminó con el arresto del sospechoso alrededor de las tres de la madrugada de este martes. El individuo será puesto a disposición judicial en las próximas horas.
La Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) ha anunciado su intención de personarse como acusación particular. Además, ha activado protocolos de apoyo institucional: la menor recibe acompañamiento del Centro Residencial de Acción Educativa (CRAE) donde residía y del servicio Barnahus, especializado en atención psicológica y jurídica para víctimas de abusos sexuales.
El caso no solo ha sacudido a la opinión pública por la gravedad de los hechos, sino también por el trasfondo político y presupuestario. Según denunció VOX, la Generalidad gasta hasta 50.000 euros anuales por cada menor extranjero no acompañado (mena), una cifra diez veces superior a los apenas 5.000 euros que se invierten en la educación de un alumno catalán en la escuela pública.
“Este desequilibrio refleja las prioridades reales del PSC”, señaló la formación liderada por Santiago Abascal, que acusa al gobierno de Salvador Illa de priorizar la inmigración irregular por encima de la calidad educativa y de la seguridad de los ciudadanos. VOX advierte de una “crisis educativa sin precedentes”, con familias y sindicatos denunciando falta de docentes, infraestructuras deterioradas y abandono escolar en aumento.
El contexto se agrava con los datos de criminalidad difundidos por el Ministerio del Interior sobre la provincia de Lérida, donde la población extranjera ronda el 25%. Solo en el primer semestre de 2025 se registraron 146 delitos sexuales, un 25% más que el año anterior, con un salto alarmante en las violaciones: 61 casos frente a los 43 de 2024, lo que supone un incremento del 41,9%, o lo que es lo mismo, una cada tres días.
Aunque otros delitos como los hurtos (-4,8%), las sustracciones de vehículos (-17,3%) y los fraudes informáticos (-7,8%) mostraron descensos, el aumento de agresiones sexuales preocupa a la ciudadanía. En la ciudad de Lérida, los delitos sexuales sumaron 47 en seis meses, de los cuales las violaciones pasaron de 20 a 23 (+15%).
Mientras tanto, la Generalidad insiste en que su prioridad es “proteger a la víctima y ofrecerle asistencia integral”. Sin embargo, el debate público se centra en si las políticas actuales de gasto e integración responden a las verdaderas necesidades de Cataluña, o si —como denuncian sectores de la oposición— se trata de un modelo fallido que incrementa la inseguridad y castiga a la educación pública.
