Este martes 19 de agosto, la Directora de Inteligencia Nacional (DNI), Tulsi Gabbard, anunció la revocación inmediata de las autorizaciones de seguridad (”security clearances”) de 37 funcionarios actuales y anteriores del gobierno.
La medida se tomó bajo la dirección del presidente Donald Trump y apunta a personas vinculadas con agencias como la CIA, NSA, el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional.
Gabbard afirmó que dichos funcionarios han ”politizado” o manipulado la inteligencia en beneficio propio, comprometiendo los principios constitucionales y el interés público.
Con estas acciones, su acceso a sistemas clasificados, instalaciones, materiales e información fue cortado inmediatamente, y se ordenó la entrega de credenciales y la terminación de cualquier empleo o contrato gubernamental vigente.
Entre los nombres más destacados en la lista están:
- Brett M. Holmgren, ex Subsecretario de Estado para Inteligencia e Investigación.
- Richard H. Ledgett, ex Subdirector de la NSA.
- Stephanie O’Sullivan, ex Subdirectora Principal de Inteligencia Nacional.
- Luke R. Hartig, ex Director Senior de Contraterrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional.
- Yael Eisenstat, ex oficial de la CIA y asesora en la Casa Blanca en temas de integridad electoral en Facebook.
También figura el ex DNI bajo Obama, James Clapper, quien habría instado a acelerar el informe sobre la influencia rusa en las elecciones de 2016, comprometiendo el procedimiento normal.
Gabbard afirmó en su memo que ”estar en posesión de una autorización de seguridad es un privilegio, no un derecho”, y sostuvo que quien traicione su juramento a la Constitución y anteponga sus intereses a los de los estadounidenses rompe el ”sagrado compromiso” adquirido al asumir ese cargo.
La acción se enmarca en una campaña más amplia del gobierno de Trump para revisar y anular autorizaciones de seguridad de los funcionarios de la ”era Obama” que, han distorsionado o utilizado políticamente la inteligencia.
Esta medida sigue a movimientos anteriores bajo la gestión de Gabbard, incluyendo la remoción de autorizaciones a varios funcionarios del gobierno de Biden, y la develación pública de documentos relacionados con la evaluación de la interferencia rusa en 2016.
Por otro lado, en medio de esta renovación, se ha levantado una investigación por parte del Departamento de Justicia para evaluar la legitimidad y posibles consecuencias legales de las acusaciones de manipulación de inteligencia presentadas por Gabbard.
