La ciudad de Córdoba vivió este jueves 14 de agosto una jornada caótica por las protestas de taxistas contra la regulación de apps de transporte. Los cortes de calles y bloqueos de puentes generaron importantes demoras y afectaron a miles de usuarios. El tránsito en puntos clave quedó paralizado durante horas.
Las movilizaciones incluyeron quema de cubiertas, bocinazos y marchas sobre las principales avenidas. Vecinos y comerciantes expresaron su malestar por el colapso vial. La Policía debió desplegar un fuerte operativo para evitar incidentes mayores.
El reclamo se produjo tras la aprobación de una normativa que habilita a Uber, Didi y Cabify sin cupo de licencias. El oficialismo defendió la medida como un avance en la modernización del transporte urbano, sin embargo, la regulación exige estrictos requisitos que limitan el mercado.
Un taxista detenido con pedido de captura
En medio de los controles de tránsito por las protestas, la Policía detectó a un conductor que circulaba a alta velocidad en avenida Juan B. Justo. Las cámaras de seguridad alertaron a los agentes, que procedieron a detenerlo e identificarlo.
El hombre resultó ser un taxista con pedido de captura vigente por un caso de violencia doméstica. También contaba con antecedentes judiciales en el fuero provincial. La detención se concretó sin resistencia y fue trasladado a sede judicial.
Fuentes policiales confirmaron que el arresto se dio en el marco de un control vehicular ordenado por el operativo de seguridad. El hecho expuso la presencia de choferes con causas pendientes en el servicio público de transporte.
Exigen más controles mientras conviven con irregularidades
Los gremios de taxistas reclaman que las aplicaciones cumplan con estrictos requisitos, incluyendo no tener antecedentes penales. También exigen que se mantenga un cupo reducido de vehículos y un esquema tarifario regulado por el municipio.
Sin embargo, el arresto de un taxista con pedido de captura contradice el discurso de transparencia y seguridad del sector. El episodio generó cuestionamientos sobre el control real que ejercen los propios sindicatos.
La incoherencia entre exigir regulaciones estrictas para otros y permitir que en sus filas trabajen personas con causas
