El presidente Donald Trump firmó recientemente una orden ejecutiva destinada a frenar las prácticas bancarias conocidas como ”debanking” de carácter injusto por parte de las instituciones financieras.
Estas prácticas han afectado negativamente a individuos, empresas, y grupos religiosos o políticos, principalmente conservadores, quienes han sido rechazados por bancos debido a sus creencias o afiliaciones ideológicas.
La orden tiene como objetivo garantizar el acceso equitativo a los servicios financieros para todos los estadounidenses, independientemente de sus ideas políticas, religiosas o actividades comerciales legales.
El ”debanking” es la práctica mediante la cual bancos o instituciones financieras niegan o cierran cuentas a personas, empresas u organizaciones debido a sus creencias políticas, religiosas o actividades legales.
Uno de los puntos clave de este decreto es la eliminación del concepto de ”riesgo reputacional” de las directrices regulatorias. En consecuencia, la orden instruye a los reguladores bancarios federales a revisar sus manuales de examen, orientaciones y cualquier documento relacionado para eliminar este tipo de criterios vagos y potencialmente discriminatorios.
Asimismo, la orden exige a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) que obligue a las instituciones financieras bajo su jurisdicción a hacer esfuerzos razonables para restablecer relaciones con clientes o potenciales clientes que hayan sido rechazados previamente por motivos ideológicos o religiosos.
Además, el Departamento del Tesoro deberá desarrollar, en coordinación con asesores económicos de la presidencia, una estrategia integral para combatir el ”debanking” ideológico, incluyendo posibles soluciones legislativas o regulatorias.
Otra disposición importante de la orden es que los reguladores deben revisar los registros de quejas y supervisión en busca de incidentes de discriminación bancaria basada en creencias religiosas.
En caso de encontrar evidencia de prácticas indebidas, deberán remitir estos casos al Departamento de Justicia para su investigación. También se prevé la imposición de sanciones, multas o decretos judiciales a las entidades financieras que hayan incurrido en este tipo de prácticas.
Trump ha denunciado que él mismo fue víctima del ”debanking”, alegando que tras finalizar su primer mandato, una importante entidad bancaria cerró su cuenta, mientras que otra se negó a abrirle nuevas cuentas.
Esta experiencia personal reforzó su determinación de actuar, según declaró en una entrevista. Además, mencionó que el sistema bancario actual discrimina contra conservadores y religiosos ”porque tienen miedo de la izquierda radical”.
El senador Tim Scott, presidente del Comité Bancario del Senado y republicano de Carolina del Sur, respaldó esta iniciativa, afirmando que hay pruebas de que los bancos han tomado decisiones sesgadas políticamente contra individuos y organizaciones conservadoras o religiosas.
La orden ejecutiva también aborda el trato recibido por la industria de los activos digitales, como las criptomonedas, que ha sido supuestamente excluida por algunos bancos bajo presión regulatoria.
Según la Casa Blanca, esta acción es un paso hacia la protección de la libertad económica y de expresión, además de un intento por restaurar la confianza pública en el sistema bancario y en las instituciones regulatorias.
Finalmente, Trump señaló que su administración ya había eliminado anteriormente la llamada ”Operation Chokepoint 2.0”, una iniciativa federal que tenía como objetivo cerrar el acceso a servicios bancarios para industrias legales consideradas políticamente controvertidas.
