La Organización de Estados Americanos (OEA) reafirmó que el régimen encabezado por Nicolás Maduro en Venezuela cometió fraude electoral durante las elecciones del 28 de julio de 2024 y mantiene un aparato represivo destinado a sostenerse en el poder.
Así lo informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante una presentación ante el Consejo Permanente del organismo regional, en la que se detalló el ocultamiento de los resultados electorales y las graves violaciones a los derechos humanos en el país caribeño.
La exposición estuvo a cargo de Gloria Monique de Mees, relatora para Venezuela de la CIDH, quien presentó un informe de cinco páginas sobre la situación política y social del país.
Según el documento, el gobierno chavista oculta los resultados que dieron la victoria electoral a Edmundo González Urrutia el 28 de julio de 2024 y mantiene vigente un poderoso sistema de represión ilegal para perpetuarse en el poder.
En el mismo sentido, la relatora advirtió: “Más de un año después, el Consejo Nacional Electoral aún no ha publicado las actas necesarias para verificar los resultados que declaró a favor de Nicolás Maduro. Esta negativa a proporcionar incluso los datos electorales más básicos viola las leyes nacionales y las normas internacionales. Arroja una larga sombra sobre la credibilidad del proceso electoral y priva a los ciudadanos de su derecho a conocer la verdad sobre su voto”.
El informe destaca que las consecuencias del proceso electoral no se limitaron a la falta de transparencia, sino que derivaron en una escalada represiva. “Las consecuencias de este controvertido proceso han ido más allá de las preocupaciones por la transparencia. Se han cometido sistemáticamente actos de represión estatal y graves abusos contra los derechos humanos”, indicó Mees.
Según el propio Maduro, más de 2.000 personas fueron detenidas durante las protestas postelectorales, mientras que el fiscal general venezolano confirmó la muerte de 25 personas en ese contexto. “De las 25 muertes documentadas, 24 fueron causadas por heridas de bala en la cabeza y el tórax, y una por una paliza mortal. Solo una víctima pertenecía a la Guardia Nacional Bolivariana; las demás eran todas civiles”, detalló la relatora.
Asimismo, la CIDH señaló que las autoridades admitieron la detención de cientos de adolescentes, en su mayoría provenientes de sectores vulnerables, arrestados durante las protestas o en operativos denominados “Operación Tun Tun”. A pesar del tiempo transcurrido, no se han registrado avances en las investigaciones ni medidas para proteger los derechos de los detenidos, muchos de los cuales permanecen en condiciones que “pueden constituir tortura o trato inhumano”.
El informe también incluye testimonios de periodistas y trabajadores de medios de comunicación, quienes denunciaron detenciones arbitrarias y hostigamiento como parte de un patrón de represión dirigido a silenciar voces críticas.
“La Comisión lleva mucho tiempo advirtiendo del colapso de la democracia en Venezuela: la erosión de los derechos humanos, el desmantelamiento del Estado de derecho y la ruptura de las instituciones democráticas. Hoy vemos cómo este colapso se manifiesta en un Estado que reprime la disidencia, silencia a la oposición y manipula las herramientas de la justicia para afianzar su propio poder”, concluyó Mees.
La presentación de la CIDH se realizó en ausencia del secretario general de la OEA, Albert Ramdin, quien fue reemplazado por Sebastián Kraljevich, secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, que ofreció un discurso formal sin mayores precisiones sobre el tema.
