El Gobierno de Ecuador, liderado por Daniel Noboa, amplió el acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), incrementando el crédito de USD 4.000 a USD 5.000 millones. Para ello, asumió nuevos compromisos estructurales que buscan reforzar la gobernanza, atraer inversión y consolidar las finanzas públicas.
Entre las medidas más relevantes está el compromiso de ejecutar un ajuste fiscal del 1,1% del PIB (equivalente a USD 1.400 millones), aplicable de forma gradual entre 2025 y 2027. Esto incluye mayores ingresos no petroleros y una optimización del gasto.
El Gobierno ya aplicó impuestos como la tasa de USD 20 a envíos 4×4 y la tasa minera. Además, prevé eliminar beneficios tributarios a empresas, lo que requerirá una nueva reforma tributaria enfocada en simplificar los llamados “gastos tributarios ineficientes”.
Respecto al sector minero, se plantea un nuevo marco fiscal y la reapertura del catastro. La expectativa del Ejecutivo es que solo estos cambios generen hasta USD 1.032 millones de ingresos adicionales en 2025.
En materia de subsidios, el Ejecutivo ya eliminó el subsidio al diésel para atuneras y ajustó tarifas eléctricas para grandes empresas. Se anticipa un ahorro fiscal de USD 300 millones anuales. Sin embargo, no se especificó si habrá nuevos recortes en subsidios al diésel general.
En el control del gasto, el Gobierno continuará reduciendo el gasto en salarios y modernizando los sistemas de contratación pública. Se desarrollará un nuevo sistema oficial de contratación (SOCE) y se actualizará el subsistema nacional de control.
Además, Noboa ofreció seis reformas adicionales: desde la auditoría de Petroecuador (pendiente desde 2021) hasta nuevas normativas para el mercado eléctrico, la autogeneración y la revisión de tarifas industriales.
El informe del FMI ya fue publicado y detalla cada uno de estos compromisos con plazos concretos, que van desde agosto hasta diciembre de 2025. La aplicación efectiva de estas medidas marcará el rumbo económico del país en los próximos años.
