En una entrevista realizada por un medio en la vía pública, un jubilado expresó su malestar con el sistema previsional y cuestionó duramente la desigualdad en el acceso a los haberes. “Yo no cobro jubilación mínima, sino que cobro más de dos jubilaciones, pero además tengo un juicio con ANSES, que me están pagando la mitad del sueldo que me corresponde”, afirmó.
El entrevistado también se refirió a la situación de privilegio de figuras políticas en contraste con el resto de los jubilados: “La ventaja de esto es que me van a devolver la plata que me robó el ANSES, teniendo una presidenta de la Nación, expresidenta, que gana 30 mil dólares por mes de jubilación, y yo gano dos jubilaciones mínimas. Es decir, ahí está la diferencia: yo tengo que ajustarme y la expresidenta no, porque estafó al Estado. Esto no es político, es lo que yo siento adentro: me robó mi jubilación”.
Asimismo, cuestionó el uso político de las moratorias previsionales durante los gobiernos anteriores: “Incluyo 5 millones de jubilados que eran extranjeros, además, la mayoría, todo por un voto. Nosotros estamos pagando, lamentablemente, todo eso que se hizo, y hoy no le dan tiempo a este señor (refiriéndose al Presidente Javier Milei) a que reordene”.
Luego de ocho años de litigio, según explicó, pudo acceder a lo que le correspondía gracias a un decreto firmado en julio de 2024 por el presidente Javier Milei: “El ANSES ya no interviene más cuando hay reclamo de haber del jubilado. El 24 de julio del año pasado, este señor hizo un decreto que el jubilado que tiene dos fallos cobra, y yo cobré”. El jubilado hace alusión al Decreto 594/2024, firmado el 5 de julio de 2024.
El caso expone una problemática estructural del sistema previsional argentino, condicionado por una serie de moratorias sancionadas a partir de 2004 bajo la presidencia de Néstor Kirchner y ampliadas en 2014 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. A través de las leyes 25.994 y 26.970, se permitió el acceso a la jubilación mínima a millones de personas sin los 30 años de aportes exigidos por ley.
Según datos oficiales, más del 50% de los jubilados actuales accedieron por moratoria, cifra que asciende al 70% en el caso de las mujeres. Si bien la cobertura previsional superó el 90%, el costo económico fue significativo: en 2024, las jubilaciones por moratoria representaron el 60% de los beneficios del SIPA, equivalentes al 1,8% del PBI y cerca del 30% del gasto previsional total. Esta carga fue absorbida por el Tesoro Nacional, profundizando el desequilibrio fiscal.
Además del impacto financiero, la política afectó la lógica contributiva del sistema. Equiparar a quienes cumplieron con sus obligaciones previsionales con quienes no aportaron genera un desincentivo al trabajo formal y al cumplimiento, alimentando la informalidad laboral y debilitando la sostenibilidad del régimen jubilatorio a largo plazo.
