La Casa Blanca anunció una serie de medidas para restringir el acceso de inmigrantes ilegales a beneficios financiados por los contribuyentes, como parte de una iniciativa más amplia para reducir el gasto gubernamental y reforzar el cumplimiento de las leyes migratorias.
La decisión se enmarca en la estrategia de la administración Trump de priorizar los intereses de los ciudadanos estadounidenses y garantizar el uso eficiente de los recursos estatales.
La nueva política afectará a más de 15 programas de asistencia federal que actualmente representan un gasto de aproximadamente 40 mil millones de dólares. Los programas incluidos abarcan servicios de salud, educación, asistencia alimentaria, apoyo laboral y justicia, y están bajo la supervisión de organismos como los Departamentos de Salud y Servicios Humanos, Educación, Agricultura, Trabajo y Justicia.
El portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, afirmó que con esta medida se busca frenar el acceso indebido a recursos públicos por parte de quienes no se encuentran legalmente en el país. “Eso se acaba ahora. Con el presidente Trump, Estados Unidos siempre es lo primero”, expresó Rogers.
Añadió que los inmigrantes ilegales ya no podrán “robar beneficios públicos a expensas de los contribuyentes estadounidenses trabajadores”.
Entre los programas que quedarán fuera del alcance de los inmigrantes indocumentados figuran Head Start, iniciativas de prevención y tratamiento de adicciones, beneficios de planificación familiar, y subsidios y préstamos para formación del personal sanitario. La medida apunta a reorganizar prioridades presupuestarias y mejorar la eficiencia del sistema.
Estas restricciones fueron incluidas en el marco de la Ley One Big Beautiful Bill, el paquete legislativo insignia del presidente Trump que combina medidas fiscales y de gasto público. Uno de los puntos más debatidos del proyecto fue Medicaid, el programa de cobertura médica para personas de bajos ingresos o con discapacidad.
Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt subrayó que la reforma “protege Medicaid… para quienes realmente lo merecen: los necesitados, las mujeres embarazadas, los niños y los estadounidenses enfermos que no pueden trabajar físicamente”. Añadió que la ley eliminará del sistema a aproximadamente 1,4 millones de inmigrantes ilegales y requerirá que los beneficiarios adultos, sanos y sin hijos trabajen o realicen tareas comunitarias al menos 20 horas semanales.
Expertos en políticas públicas respaldaron la reforma. Michael Cannon, del Cato Institute, sostuvo que “es perfectamente razonable que los contribuyentes que pagan al programa Medicaid insistan en que todos los que puedan contribuir al programa lo hagan trabajando”.
Por su parte, Nina Schaefer, de la Fundación Heritage, calificó los cambios como “administrativos de sentido común” y necesarios para incorporar “supervisión, transparencia y rendición de cuentas” al programa.
