Ante un aumento sin precedentes en la llegada de migrantes desde el norte de África, el gobierno griego ha anunciado la suspensión temporal, por al menos tres meses, del procesamiento de solicitudes de asilo para quienes arriben por mar desde Libia.
La medida fue presentada por el primer ministro Kyriakos Mitsotakis como una respuesta de emergencia ante una situación que amenaza la estabilidad del país y sobrecarga los servicios locales, especialmente en la isla de Creta.
En los últimos días, más de 2.000 migrantes desembarcaron en Creta, y otros 520 fueron rescatados frente a sus costas, lo que eleva el total de llegadas en lo que va de 2025 a más de 9.000 personas.
Esto representa un aumento del 350% respecto al año anterior, según cifras oficiales. Las autoridades locales, como la Asociación del Personal de la Guardia Costera de Creta Occidental, han expresado su agotamiento físico y logístico, describiendo la situación como ”insostenible”.
Mitsotakis declaró ante el parlamento que todas las personas que lleguen ilegalmente por mar serán arrestadas y detenidas. ”La ruta hacia Grecia se está cerrando, cualquier migrante que entre ilegalmente será arrestado y detenido”, afirmó.
Además, subrayó que se trata de una medida ”necesaria y temporal”, y advirtió a traficantes y migrantes potenciales que el dinero que invierten en estas travesías puede resultar en vano. Según el gobierno, la Comisión Europea ya ha sido informada y se presentará una propuesta legislativa formal ante el parlamento.
El ministro de Migración, Thanos Plevris, fue aún más contundente al publicar en la red social X: ”Mensaje claro: quédense donde están, no los aceptamos”. Esta postura responde al temor de que el aumento en los flujos migratorios se traduzca en inestabilidad social, económica y turística, especialmente en islas como Creta y Gavdos, que son destinos clave del turismo griego.
La presión sobre la infraestructura de acogida ha obligado a las autoridades locales a improvisar soluciones, como albergar a cientos de personas en un mercado municipal, sin ventilación adecuada y bajo temperaturas extremas.
Ante esta crisis, representantes de Grecia, Italia, Malta y la Comisión Europea intentaron reunirse en Libia para coordinar una respuesta regional. Sin embargo, una visita planificada a Bengasi fracasó cuando las autoridades del este del país, no reconocidas internacionalmente, bloquearon el acceso de la delegación europea alegando violación de la soberanía libia.
Este revés diplomático refleja las dificultades para cooperar con un país dividido entre dos gobiernos rivales: el Gobierno de Unidad Nacional en Trípoli (reconocido por la ONU) y el Gobierno de Estabilidad Nacional en el este, apoyado por el general Khalifa Haftar.
A pesar de las críticas de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, que denuncian ”condiciones inhumanas” en los centros de detención en Libia y acusan a los gobiernos europeos de anteponer el control migratorio a la dignidad humana, el gobierno griego insiste en que tomará todas las medidas necesarias para frenar los flujos desde África. Mitsotakis incluso ha ofrecido cooperación militar con autoridades libias para evitar que las embarcaciones partan desde sus costas.
La ruta entre Tobruk (este de Libia) y Creta se ha convertido en una de las más activas del Mediterráneo, y Grecia, al cerrar el acceso y suspender los trámites de asilo, espera disuadir nuevas salidas, aunque esto genere controversia dentro y fuera del país.
